por Andrea Sempértegui
En Ecuador, país con mayor número de contagios y muertos por covid-19 per cápita en Sudamérica, la propagación incontrolable del coronavirus llegó con temblor. La misma semana de mediados de marzo en la que el gobierno decidió implementar medidas radicales de aislamiento social a nivel nacional, hubo un sismo de 5.1 grados con epicentro en Esmeraldas. A diferencia de sismos anteriores este no fue significativo ni comparable con terremotos que sacudieron al país, como el de Abril de 2016 con epicentro en la provincia de Manabí. Sin embargo, este temblor fue un importante preludio al terremoto social, político y económico que sacudió al país con la llegada del coronavirus. Imitando las fachadas débiles que colapsaron durante el terremoto del 2016, la fachada del país, debilitada por un sistema de salud paupérrimo, por el ajuste estructural neoliberal, y por la dependencia del petróleo con precios en negativo, ha sido sacudida. En 2016 fueron las paredes de las casas y edificios las que terminaron matando a lxs habitantes de Manabí durante el terremoto. Ahora son las paredes de un país debilitado por tanto “ajuste” las que caen sobre aquellos cuerpos que sostienen al país al nivel más bajo. Estamos hablando de personas que no tienen otra opción que salir de sus casas porque viven “al día” y no les alcanza, o no reciben, el bono de subsistencia de 60 dólares emitido por el gobierno como medida de emergencia (monto que se considera el límite de la indigencia, dos dólares diarios para vivir).
Hoy, lunes 20 de abril, se han registrado más de 10 000 personas infectadas y probablemente más de 800 víctimas mortales por coronavirus. Estos registros, sin embargo, no calzan con lo vivido por muchas familias en ciudades que se han vuelto epicentros de contagio, como Guayaquil. La situación ha sido tan insostenible en esta ciudad costera, que la pregunta ya no es cómo mantener los cuerpos con covid-19 vivos, pero qué hacer con lxs muertxs. Mientras familiares desesperados exigen a las autoridades que al menos sean capaces de cuidar la muerte, el gobierno ha fracasado en retirar cadáveres de las casas e incluso ha ocultado su existencia. Esta calamidad ha sido acompañada por denuncias del personal médico por falta de insumos para trabajar; por la indignación a nivel nacional por el pago de 324 millones de deuda externa el 24 de Marzo; y por el proyecto de Ley Humanitaria que prevé que el 64% de trabajadorxs del país, que ganan un poco más de 500 dólares mensuales, aporten a la crisis humanitaria. A diferencia del levantamiento indígena y popular de Octubre de 2019, donde el pueblo ecuatoriano se movilizó masivamente en contra del plan de ajuste estructural dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la denuncia social en contra del reciente “plan de ajuste humanitario” se ha expresado a través de cacerolazos desde las casas e iniciativas desde la sociedad civil que expresan claramente que no se espera ya nada del Estado para poder sobrevivir (iniciativas como la de Mujeres de Frente).
Además del temblor, la expansión del coronavirus ha venido también acompañada por catástrofes de otra índole. El 17 de marzo, la cuenca del río Bobonaza en la Amazonía Ecuatoriana sufrió una gran inundación a causa de lluvias sin precedentes, afectando a comunidades indígenas que vieron sus casas, escuelas y sembríos arrasados por la crecida del río. Estas comunidades, provenientes de los pueblos Kichwa de Pakayaku, Sarayaku, Jatun Molino y Teresa Mama, han resistido la expansión de la frontera petrolera en sus territorios y han traducido sus demandas al idioma del cambio climático. Ahora, estas mismas comunidades están siendo golpeadas por inundaciones nunca antes vistas, relacionadas a la crisis climática. Sin la capacidad de abastecerse de sus sembríos a causa de las lluvias intensas que siguen prolongándose en el territorio amazónico, estas comunidades difícilmente podrán cumplir la cuarentena si las autoridades locales no responden con severidad (si quieres apoyar, puedes contribuir a esta iniciativa no-gubernamental).
Como si esto no fuera poco, el martes 7 de abril aconteció una calamidad mayor: el hundimiento de tierra en el sector de San Rafael que colapsó las bases y las tuberías de dos oleoductos. Esto provocó el derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, fuentes de abastecimiento de agua para ciudades y comunidades enteras. Muchas de estas comunidades dependen también de actividades de subsistencia como la pesca en estos momentos de pandemia. El gobierno en un principio no reportó ni confirmó el derrame de crudo. Fueron las mismas comunidades afectadas las que sacaron a la luz la contaminación de los ríos, que avanza hacia el Perú y al río Amazonas. Es importante entender el contexto previo de esta catástrofe, ya que está relacionada con el colapso de la cascada de San Rafael el pasado 2 de febrero. A pesar de las advertencias de investigadorxs y organizaciones de la sociedad civil, las autoridades no tomaron medidas para evitar posibles afectaciones por el colapso de la cascada en las infraestructuras en el cauce del río Coca. Ahora, se habla que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa China Synohydro durante el gobierno de Rafael Correa, puede estar en peligro. Geólogxs no descartan que el colapso de la cascada pueda estar también relacionada al mal manejo de sedimentos de la hidroeléctrica, cuya construcción estuvo marcada por varias irregularidades en los planos de construcción, escándalos de corrupción, y la deuda millonaria con China.
Ahora con el crudo en el agua y el precio internacional del petróleo por los suelos, el Estado ha declarado situación de Fuerza Mayor a las empresas operadoras de exploración y explotación petrolera. Siendo un país dolarizado y económicamente dependiente de las exportaciones de crudo, el escenario es desolador. La alternativa que nos queda es aparentemente el futuro mega-minero. En este contexto se están negociando nuevos contratos con empresas mineras extranjeras y se está intentando avanzar con proyectos como Llumiragua, ahora que las comunidades que se han opuesto históricamente a este proyecto mega-minero están en sus casas. Ignorando la cuarentena nacional, las empresas mineras han seguido trabajando.
El futuro es incierto en Ecuador. La expansión del virus cae sobre la fachada de un país al que le han quitado el espacio, el agua y el oxígeno para vivir. El mal manejo de recursos en la época de bonanza durante el auge del precio de las commodities, el alto endeudamiento internacional desde el 2015, y los últimos años de austeridad en el campo de la salud, educación y laboral han carcomido las posibilidades del Estado para sostenernxs a todxs durante la crisis desatada por el coronavirus. Es por esta razón que mientras la gente sigue exigiendo al Estado #ComidaYMedicinaYa está obligada a buscar otras maneras para sostenerse a sí misma. Al mismo tiempo se intenta sostener al territorio del que estamos hechos, para evitar que nos quiten el suelo (con sus huecos mega-mineros) y finalmente caigamos al abismo.
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