Por Emelio Betances
LAP Participating Editor
Lo más innovador de la gestión
de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) en el contexto latinoamericano actual es
su propuesta de rescate del Estado desarrollista. “El Estado recuperará su
fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho,
como árbitro de los conflictos, como generador de políticas coherentes y como
articulador de propósitos nacionales” (Gobierno de México, 2019:10). En este
ensayo se plantea que durante el primer año de gestión se ha empezado un
proceso de transformación que va teniendo cierto éxito en el aspecto político y
social, pero queda pendiente la economía cuyo crecimiento se mantuvo en cero,
la violencia del narcotráfico que no se logró disminuir y el partido gobernante
sigue enfrascado en una lucha de facciones políticas.
Valorar las luces y las sombras del primer año de la gestión
de Amlo requiere que se le ponga en el contexto regional e internacional. A
nivel latinoamericano, la victoria de Amlo en julio de 2018, se da en un
contexto de auge de la derecha y retroceso en los procesos de cambio en
Venezuela y Ecuador. A esta situación se añade la victoria del derechista Jail
Balsonaro en Brasil en octubre de 2018 y, posteriormente, en noviembre de 2019,
la destitución de Evo Morales por un golpe de Estado cuyas consecuencias
todavía no se logran medir en su justa dimensión. En octubre de 2019, la
victoria de Alberto Fernández en Argentina contra el derechista Mauricio Macri
es lo único que se aproxima a la tendencia anti-neoliberal que Amlo proclama
desde México, todavía es temprano para determinar cuan radical será el
anti-neoliberalismo de Fernández. Por ahora, luce que este será mucho más
moderado que aquel de los denominados gobiernos progresistas de Venezuela,
Ecuador y Bolivia.
A nivel
internacional, la gestión de Donald Trump sirve de apoyo al auge de la derecha
hegemónica en América Latina. Estados Unidos ha sostenido al autoproclamado
“presidente de Venezuela,” Juan Guaidó, ha dado su apoyo incondicional a los
golpistas de Bolivia encabezado por Jeanine áñez.
En ambos casos, se pretende echar atrás las conquistas políticas y sociales que
se han logrado por Gobiernos progresistas. A esta situación política, se debe añadir
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que en 2019 el crecimiento
de la economía mundial seria de 3.0% y mientras que la CEPAL estimaba que en
América Latina este sería de 0.1%. En comparación al promedio de la región, el
desempeño económico de México se quedó en cero, a esto hay que añadir que los
niveles de desigualdad social son apabullantes (más de la mitad de la población
vive bajo el umbral de la pobreza y 69 millones de personas no tienen acceso a
las prestaciones de salud) pues el tejido social se ha tensado casi hasta el
extremo y la lucha contra la delincuencia organizada ha desangrado a una gran
parte de la sociedad y minado los recursos del Estado.
En este
ensayo se procura demonstrar que Amlo ha tenido retos gigantescos para
enfrentar los grandes problemas nacionales. Se argumenta que su enfoque es
anti-neoliberal, pero moderado; no se propone cuestionar las bases del sistema
capitalista sino más bien fortalecerlas para asegurar un modelo de “capitalismo
con rostro humano,” que atienda las necesidades básicas de la población. Dadas
las circunstancias del mundo actual y de México, en particular, la gestión de
Amlo muestra muchas más luces que sombras durante su primer año de gestión.
Amlo en la política
Amlo hizo una
carrera política en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido
de la Revolución de Democrática (PRD) antes de crear el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), el cual ha sido un fenómeno nuevo en la vida
política nacional. Su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal
(2000-2005) y sus dos campañas por la presidencia en 2006 y 2012 lo colocaron
como alternativa a los políticos neoliberales. Estas dos elecciones le fueron
arrebatadas en fraudes colosales, pero volvió con fuerza, registró a Morena
como partido político en 2014 y para 2018, se aprovechó de que los partidos
dominantes estaban de capa caída y de una extrema desigualdad socialmente
irritante que ha empezado a obstaculizar el crecimiento económico. Esta
situación ayudo para que Amlo lograra 30,100,00 votos, superando a todos sus
contrincantes juntos en el torneo.
El gran dilema del huachicol
El huachicol (robo de hidrocarburo) fue el
primer gran desafío. Siguiendo la modalidad que se había impuesto durante las
gestiones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en
noviembre de 2018, los huachicoleros
se robaron 81,000 barriles diarios de gasolina y para diciembre 2019, ya
estando en el poder, se llevaron, 74,000. Se sabía que el huachicol no era noticia cómo lo demuestran las obras de Ana Lilia
Pérez (2011) y (2019), donde se
describe el hurto de combustibles y la corrupción. Pérez muestra como una parte
de la substracción se efectuaba desde la presidencia de la República en
combinación con la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Ciudad de México
(CDMX). Desde allí se dirigía el ordeño de los tubos que transportan la
gasolina y el gas por todo el país.
Amlo se dio cuenta que él solo no podía desmantelar la red
nacional de corrupción y que tenía que formar alianzas para mantenerse en el
poder. La primera de estas sería con las Fuerzas Armadas (FFAA), a quienes
necesitaba para combatir la delincuencia organizada. Se les acercó y les
ofreció un papel adicional: la construcción y administración de un aeropuerto
internacional en la base aérea de Santa Lucia, la formación de la GN, la
protección de los camiones tanques que transportan combustibles y de los tubos
que se usan para transportar gasolina y gas. La formación de la GN era un reto
pues exigía que se modificara la Constitución, lo cual requería la votación de
2/3 de los miembros del Congreso y la mayoría de las legislaturas locales. Todo
esto se logró por votación unánime para marzo de 2019.
Se tuvo que
comenzar a proteger los tubos que transportan los combustibles antes de que se
autorizara la modificación a la Constitución para permitir que legalmente los
militares participaran en cuestiones de seguridad interna, pero al romperlos
los huachicoleros provocaron
incendios y explosiones causando la muerte de más de 140 personas; estas detonaciones
siguieron ocurriendo en enero y febrero de 2019, obligando a las autoridades a
cerrar el transporte de gasolina por tubo y teniendo que transportarla en
camiones tanques con la protección del Ejército. Esta situación causó una gran
escasez de gasolina en el país, poniendo en peligro el apoyo que el Gobierno
tenía en la población. En medio de la crisis, se decidió comprar 200 camiones
tanques valorados en 100 millones de dólares para sustituir todos los tubos que
picaban; estos se cerraron y una parte del combustible se hacía en camiones. Se
logró controlar el robo de combustibles y para febrero éste había descendido a
9 mil barriles diarios y en los meses subsiguientes se mantuvo entre 5 y 4 mil
barriles (Conferencia matutina de Amlo, 23 de abril y 4 de noviembre 2019). La
sustracción de combustibles se había transformado en un medio de vida; hay
lugares del país con alta inseguridad en donde las gasolineras han cerrado y
esta es la única forma de conseguir gasolina.
La batalla por el aeropuerto de Santa Lucia
El aeropuerto de la base aérea de Santa Lucia es emblemático
de los proyectos desarrollistas llevados a cabo por el Estado. Peña Nieto había
iniciado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México
(NAICM) en el lago de Texcoco, otorgando contratos a compañías nacionales y
extranjeras, las cuales habían empezado a construir las obras negras en las
cuales se habían invertido millones de dólares. Durante su campaña electoral,
Amlo había prometido que suspendería la construcción del NAICM porque se estaba
construyendo en terrenos movedizos que se hundirían con el aterrizaje de
grandes aviones. Esta situación requeriría de grandes inversiones para reparar
continuamente las pistas de aterrizajes, lo cual sería un gran negocio para las
empresas constructoras.
Las empresas
inmobiliarias esperaban hacer negocios con los terrenos liberados del
aeropuerto Benito Juárez y del área circundante. Asimismo, se planteaba que se
había cerrado el aeropuerto de Toluca, también cercano a la CDMX, para
congestionar el viejo aeropuerto y así justificar la construcción de uno nuevo aeropuerto.
El Gobierno decidió suspender la construcción del NAICM y negoció con las
compañías que habían invertido de modo que no perdieran su capital y pudieran
invertir en Santa Lucia. En busca de apoyo a su proyecto, Amlo se reunió en
asambleas en pueblos vecinos de Santa Lucia y allí, a mano alzada, le dieron su
apoyo. Sin embargo, esto no fue bien recibido por la derecha que empezó una
cruzada de 103 amparos ante tribunales que parecían hacerles el juego a
empresas organizadas en un movimiento empresarial denominado #Nomasderroches. Se argumentaba que la
construcción del aeropuerto en Santa Lucia causaría graves daños ambientales y
que afectaría a las poblaciones cercanas. Se olvidaba del daño ecológico que
causaba la construcción del NAICM. Por su parte, Amlo argumentaba que la base
aérea de Santa Lucia se había construido en los años cincuenta y que,
contrariamente a Texcoco, allí había un sueldo firme que resistiría los
aterrizajes de aviones grandes y que los daños ambientales serían menores.
Además, replicaba que el NAICM costaría 300 mil millones de pesos mientras que
el de Santa Lucia costaría 100 mil millones. En este contexto, la Secretaria de
la Defensa Nacional (SEDENA) argumentó ante un tribunal que, por razones de
seguridad nacional, se debía construir el aeropuerto en Santa Lucia. Esto matizó
el debate sobre los amparos y la Suprema Corte de la Nación, acogió la propuesta
de la SEDENA y autorizó, a fines de octubre de 2019, que empezara la
construcción del aeropuerto.
Este conflicto mostró a Amlo que
debía tener cuidado con el uso de las consultas populares a mano alzada para
decidir la construcción de obras. Recuérdese que hubo consultas de este tipo en
otros lugares donde el presidente buscaba congratularse con la población. El
Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso sobre consultas populares. En
noviembre de 2019, el Congreso modificó la Constitución para garantizar el uso
de las consultas populares.
La consulta
sobre el Tren Maya e implicaciones geopolíticas
El Gobierno
quiere evitar amparos en la construcción del Tren Maya en el sureste y anunció
el 10 de noviembre que, si el pueblo no quiere el tren, éste no se construirá. Se
inició una campaña para promover un tren que tendrá 1,460 kilómetros, se
invertirá 120 mil millones de pesos, se tiene derechos de vía, carretera y tendido
eléctrico. Se enfatizaba que esta obra traerá muchos empleos a la región, se
negociará con los ejidatarios cuyas tierras sean afectadas y se procurará que
haya una mínima afectación ambiental (Conferencia de matutina de Amlo, 15 de
noviembre 2019). La consulta realizada el 14 y 15 de diciembre,
fue un éxito según el Gobierno: en 15 asambleas regionales se consultó a
100,940 personas de las cuales 92.3% votó a favor y 7.4% en contra (Conferencia
Matutina de Amlo, 16 de diciembre 2019). La obra se licitará a partir de enero
de 2020 y la construcción empezará en marzo.
Sin embargo, la consulta fue cuestionada por la oficina del Alto
Comisionado de las UNU para los derechos humanos, la cual envió observadores a
4 de las 15 asambleas regionales y señaló que “la información presentada solo
hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos
negativos que pudiera ocasionar” (Langner, 19 de diciembre de 2019). Asimismo,
puso énfasis en la ausencia de estudios de impacto ambiental o la falta de difusión
para que las personas pudieran definir su posición. El Gobierno respondió “calificando
de aventurado y sin fundamento” el comunicado e indicando que la ONU-DH-México
pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora (La
Jornada, 24 de diciembre 2019). Por su parte, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) consideró la consulta como una “simulación” para
entregar los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. No
cabe duda que este tema podría abrir flancos difíciles en el próximo año y
podría aparecer una oposición social a los proyectos del Gobierno, y esto,
claro, podría minar el apoyo que se tiene en la población.
Por otro lado, no se puede obviar que el Tren Maya es parte de dos
megaproyectos de
infraestructura en el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán: la
construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y una vía de comunicación
entre Salina Cruz, Oaxaca y el Coatzacoalcos, Veracruz, la cual incluirá una
zona franca. Es cierto que estas obras crearán empleos, pero eso no quiere
decir que se impulsará un desarrollo balanceado para la región pues en los
países donde estas operan no han promovido el desarrollo sino empleos con baja
calificación y salarios míseros. Sin duda, aquí aparece un aspecto oscuro en
los planes del Gobierno pues, contrario al discurso oficial, se da prioridad al
desarrollo de proyectos capitalistas de envergadura, ignorando como estos
pueden afectar la vida social en las comunidades y regiones.
Según Ana Esther Ceceña, se trata de una obra de “envergadura
geopolítica y los efectos estratégicos de transformación de la región del sureste
colocan al proyecto como punto nodal del tránsito del mercado mundial y, por
tanto, de la guerra por el control global” (citada por Fazio, 2019). El Istmo
de Tehuantepec ha sido codiciado por los estadounidenses desde mediados del
siglo XIX y cabe preguntarse en qué medida estarán implicados en estos
proyectos. Lo mismo podrá decirse de China, Japón y Singapur, cuyo Primer
Ministro ya visitó México interesado en participar en la ampliación del puerto
de Salina Cruz. Ahora bien, los megaproyectos desarrollistas
impulsados por el Estado no se limitan al aeropuerto de Santa Lucia y el Tren
Maya, sino que se extienden a otros de gran amplitud.
El rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Pemex y la CFE son dos
empresas estratégicas que la nueva gestión quiere utilizar para impulsar el
desarrollo nacional. Sin embargo, para efectuar estos proyectos no quiere
alterar la reforma energética que se realizó durante el sexenio de Peña Nieto,
con la cual se redujo la capacidad productiva de Pemex, se aumentó su deuda e
hizo que México pasara de productor a importador de petróleo. En la actualidad,
el Gobierno importa 800,000 barriles de diarios de gasolina y produce alrededor
de 200,000. Se quiere revertir esta situación a través de la reparación de seis
refinerías y la construcción de una nueva, en la cual se invertirá 8,500
millones de dólares.
El rescate de
Pemex es uno de los grandes desafíos de Amlo pues tiene una deuda que supera
los 100 mil millones de dólares. El secretario de Hacienda y Crédito Público,
informó que se ha designado 86,000 millones de pesos en el presupuesto nacional
de 2020 para ayudar en su desempeño (Conferencia matutina de Amlo, 9 de
septiembre 2019). Por otro lado, el 6 de diciembre se anunció que Pemex
encontró un pozo en Tabasco que tiene una reserva posible de 500 mil barriles
de petróleo. Se espera que esta noticia tenga algún efecto sobre las
evaluaciones de las calificadoras internacionales, las cuales consideran que la
inversión del Gobierno es insuficiente para resolver los problemas de la
petrolera. El Gobierno argumenta que ya tiene 20 campos petroleros en
producción en aguas someras y tierra firme y Pemex será un motor de crecimiento
económico.
En cuanto a la CFE, la primera tarea que se le encomendó fue
renegociar los contratos con las empresas que construyeron los tubos para el transporte
de gasolina y gas. Estas negociaciones concluyeron el 27 de agosto y el 11 de
septiembre del año en curso. Desde la campaña electoral, Amlo decía que estos eran
contratos leoninos, que el Gobierno había invertido junto a las transportadoras
y que las tarifas eran altas y las empresas se llevaban grandes utilidades. Una
vez llegó al poder, insistió en la necesidad de renegociar los contratos. Sin
embargo, intuyó bien que este era un hueso duro de roer. Llevar las empresas a
tribunales internacionales donde, en teoría, se podría demostrar que estos
contratos eran leoninos era costoso y desgastador políticamente. En el curso de
las negociaciones, se olvidó de la acusación de contratos leoninos y se puso realista.
Se trata de gaseoductos que llevan gas desde Texas a diferentes puntos del país
y comprenden cientos de kilómetros. Las negociaciones se hicieron con una diversidad
de empresas y los detalles varían de empresa a empresa y por el tamaño de los
gaseoductos. Para que se tenga una idea, el gaseoducto que va desde el sur de
Texas a Tuxpan, Veracruz transporta 2,600 millones de pies cúbicos diarios. La
empresa que maneja el gaseoducto de La Laguna, Aguascalientes controla un gaseoducto
de 452 kilómetros y otro que va a Villa Reyes, Guadalajara tiene 374
kilómetros. Estos gaseoductos atraviesan por el centro del país. El Gobierno
logró ahorrar 4,500 millones de dólares de un monto de 12,00O. Igualmente,
logró que la tarifa de transportar el gas fuera plana y no se podrá aumentar.
Pero, a cambio de estos logros, tuvo que reconocer la propiedad de los
gaseoductos por parte de las compañías y dejar que se ampliaran los contratos
de 25 a 30 años dependiendo de la empresa (Conferencias matutinas de Amlo, 27
de agosto y 11 de septiembre de 2019).
Esta
concesión no fue poca cosa. El tema de cuánto invirtió el Estado en la
construcción de gaseoductos y los problemas creados por los derechos de vía se
quedaron a un lado. Tampoco se tocó el tema de la seguridad de los gaseoductos
cuya protección correrá a cargo del Ejército. Sin embargo, los proyectos de
Pemex y la CFE constituyen los primeros pasos para que estas se conviertan en
los motores de desarrollo de la economía.
La creación de la Guardia Nacional
La formación de la GN es otro pilar sobre el que descansa el
Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la seguridad. Debido a la carencia
de una policía profesional el Gobierno se ha visto en la necesidad de crear una
entidad con capacidad para poner fin a la inseguridad (Gobierno de México,
2019:23-24). La GN es parte de la estrategia para poner fin a la “lucha contra
el narcotráfico” que entre 2006 y 2018 causó la muerte a más de 200,000
personas. Durante sus primeros 5 años, que terminarán en 2023, la GN estará
formada por elementos de Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal,
y contará con el apoyo de las instituciones castrenses para efectuar sus
operaciones. Estará supeditada a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (SSPC), dirigida por un civil. En noviembre de 2019, la GN ya tenía
150 coordinaciones y 71,000 elementos. La idea es llevarla 140,000 efectivos
distribuidos en 266 coordinaciones (Amlo, 2019:166). La GN cuenta con el apoyo
de 70.9% de la población y no ha habido ninguna acusación contra sus miembros
por violación a los derechos humano. Sin embargo, el problema es que han
mostrado poca eficacia, lo cual no es bueno para su imagen y, peor aún, en la
realidad política empieza a registrarse bajas en acciones directamente contra
ellos.
La Guardia Nacional y la migración internacional
Las relaciones problemáticas entre México y Estados Unidos
han desvirtuado el plan original de la GN. Cuando Amlo llegó al poder permitió
que caravanas de migrantes de Honduras, Guatemala y el El Salvador entraran al
país camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, durante el verano de 2019 Donald
Trump amenazó a México con tarifas escalonaría que subirían primero en 5% y
luego subirían hasta 25% entre los meses que van de julio a octubre. 5% de
aumento en las tarifas significaría que México pagaría 17,000 millones de
dólares en tarifas en los primeros meses y estas llegarían 25 por ciento en
2019. El secretario de Relaciones Exteriores se movilizó rápidamente y prometió
que México procuraría detener la migración a través de su territorio a cambio
de que no se les pusieran aranceles a las exportaciones. Trump le dio un plazo
de 45 días para que resolviera el asunto. Mediante el uso de la GN México logró
reducir la migración a Estados Unidos de 144,166 en mayo a 52,546 en septiembre
(Conferencia matutina de Amlo, 26 de diciembre 2019).
México
desplegó 6,000 efectivos de la GN en la frontera sur, pero a medida que las
caravanas aumentaban tuvo que aumentar el número de elementos para detenerlos. El
6 de septiembre se anunció que esta cifra aumentó a 10,500 en la frontera sur y
14,951 en la frontera norte. En total, son 25,451 guardias (Conferencia matutina
de Amlo, 6 de septiembre 2019). Estados Unidos no pone un centavo para cubrir
estos gastos. En México y Estados Unidos diversos observadores dicen que la GN
se ha convertido en un gendarme gratuito que le resuelve problemas a Trump. Sin
embargo, estos observadores parecen ignorar la asimetría entre los dos países:
México tiene una frontera de 3,180 kilómetros con Estados Unidos y no tiene la
capacidad económica ni militar para enfrentarlo. Necesariamente tiene que
buscar la forma de negociar y colaborar en lugar de entrar en conflictos. Esto
explica por qué el Secretario de Relaciones Exteriores se limita a decir que
México aplica la Ley Nacional de Migración mientras negocia con Estados Unidos.
Ahora bien, no se puede negar que esta relación desvirtúa el plan original de
la GN que era proteger a la población de la delincuencia organizada.
Amlo ha
planteado que debe buscarse la solución a los problemas migratorios en sus
causas (Amlo, 2019:99-100). México dispone de un fondo de 60 millones de dólares
para atenuar el problema migratorio. Se informa que Estados Unidos promete 2
mil millones de dólares, pero hasta ahora sólo ha aportado 800 millones para Centroamérica
y 126 millones para ayudar a microempresas en el sur de México (Conferencia matutina
de Amlo, 6 de septiembre 2019). En relación a Centroamérica, los proyectos de
México se limitan a promover el programa Sembrando Vida, cuyo fin es reforestar
y crear empleos en el campo, pero con recursos limitados.
Aunque México
no quiera ha tenido que manejar el tema migratorio en relación con las
negociaciones del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y ha tenido que hilar
fino para que este sea aprobado. La Cámara de Representantes y el Senado de
Estados Unidos ya lo aprobaron y solo falta la aprobación del Parlamento de
Canadá, algo que se da por hecho. Esta aprobación es sin duda importante para
México porque atraerá inversión extranjera y estabilizará la economía, pero no
deja de ser un trago amargo para un régimen que proclama su anti-neoliberalismo
a cuatro voces mientras que firma un tratado de libre comercio esencialmente
neoliberal. Estas son las ironías de la historia.
Los programas sociales
Los programas sociales
constituyen otra columna del proyecto de transformación. Estos legitiman un
régimen que mantiene una relación estrecha con el empresariado, cuyo apoyo necesita
para echar adelante el crecimiento económico. Dada esta cercanía con los
empresarios, es fundamental que el pueblo vea al Gobierno como suyo, que
atiende sus necesidades. Esto explica los recorridos por todo el país, visitando
comunidades indígenas, hospitales, zonas afectadas por los sismos de 2017 y
2018, grandes obras, etc. Parte de esta estrategia es la presentación continua
de funcionarios del Gobierno federal en las conferencias que informan sobre
temas de interés. Estas conferencias y las giras permanentes permiten que Amlo
esté en contacto directo con la población y sobre el escenario para tomarle el
pulso a la atmósfera política nacional. Igualmente, las conferencias dan la
pauta a la noticia diaria y lo convierten en un personaje que está en los
medios y, como tal, es tema de conversación. Los programas sociales y las giras
continuas por todo el país muestran el “rostro humano” del modelo de
capitalismo que Amlo pretende construir. En otras palabras, el Gobierno está
cerca del pueblo y atiende a sus necesidades.
En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea
que “Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado y en muchos sentidos, y
sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del
desarrollo estabilizador,” (Gobierno de México, 2019:35) como se conoce en
México a la estrategia de desarrollo ejecutada por los regímenes salidos de la
Revolución mexicana. En el Plan se argumenta que el Gobierno reconoce que “los
derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de
cumplimiento obligatorio…Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades
sociales” (Amlo, 2019:141). Este es uno de los grandes retos, pero luce que,
por ahora, solo se podrá aminorar los sufrimientos causados por la pobreza
esparcida en forma desigual por toda la nación.
La política
económica del Gobierno se basa en la idea de que es posible financiar los
programas sociales con los ahorros que se obtienen combatiendo a la corrupción
y no a través de una reforma fiscal que Amlo propone se haga en la segunda
mitad del sexenio. En su lugar, se propone limpiar las instituciones públicas
de corrupción, “barrer las escaleras de arriba para abajo,” es decir, reducir
los salarios de los altos funcionarios, eliminar instituciones redundantes, consolidar
las compras del Gobierno federal, abolir el Estado Mayor Presidencial, crear el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, vender el lujoso avión
presidencial, autos de lujos, residencias suntuosas, joyas y abandonar la
política de condonar impuestos a las grandes empresas, haciendo una promesa por
escrito, de que el presidente de la República no condonará impuestos.
Esta promesa
se hizo en el contexto de la denuncia de que Calderón y Peña Nieto habían
condonado 400,902 millones de pesos a grandes empresas nacionales y extranjeras
(Conferencia matutina de Amlo el 22 de mayo 2019). El Ejecutivo envió al
Congreso un proyecto de ley para enmendar el Articulo 28 de la Constitución de
modo que no se pueda devolver impuestos cobrados a las empresas y no haya
condonación. Esta enmienda fue aprobada por el Congreso. En un primer momento,
se creyó que esto afectaría la relación con el empresariado, pero parece que
estas diferencias se han suavizado, aunque sí sigue existiendo un sector del empresariado
que no está satisfecho después de lo sucedido con el NAICM.
Aunque es
cierto que la lucha contra la corrupción ha sido fundamental para financiar los
programas sociales, no se puede subestimar el hecho de que la recaudación fiscal
es muy baja. México recauda alrededor de 16% anual del PIB mientras que en la
región de América latina y el Caribe se recauda un promedio de 21% (OECD,
2019:13, gráfica C). En 2017, se aplicaba un 7% del PIB en inversión social,
pero “el presupuesto de 2019 aumentó el gasto de 0.6% del PIB en 2018 a 1% del
PIB, aunque la composición cambió notablemente, con una reducción de casi 14%
en PROSPERA[1], un
aumento de 17% en los programas para jóvenes y una duplicación de la pensión para
adultos mayores” (Ibíd, 55-56). Los nuevos programas sociales incluyen: Bienestar
para adultos mayores, Personas con discapacidad, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo
el futuro, Sembrando Vida, reconstrucción para atender a las víctimas de los
sismos de 2017 y 2018, mejoramiento urbano y vivienda, universidades Benito Juárez,
Banco del Bienestar, Centro Integradores de Servicios Comunitarios, la Escuela
es Nuestra y el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi). En 2019, el Gobierno
invirtió alrededor de 300 mil millones de pesos en estos programas (Amlo,
2019:143-159). No cabe duda que esto ayuda a reactivar el consumo, pero, sobre
todo, coadyuva a ampliar la legitimidad del Gobierno y mostrar que el
presidente responde a las necesidades básicas de una población empobrecida por
el modelo económico neoliberal que se impuso al país por 36 años.
Los programas
sociales son primordiales en la restauración del Estado desarrollista mientras se
rescatan empresas públicas esenciales y se propone un programa de construcción
de obras públicas en colaboración con el sector privado. Por ejemplo, el 26 de
noviembre se anunció que la iniciativa privada invertiría 859,022 millones de
pesos[2]
(42,951 millones de dólares) en 147 proyectos de infraestructura en los
próximos 5 años en telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, trenes
urbanos, puertos, aeropuertos, agua, saneamiento, hospitales, turismo, energía,
etc. (Conferencia matutina de Amlo, 26 de noviembre 2019).
El anuncio de
las inversiones de empresarios es buena noticia para un Gobierno que
prácticamente está atado de pies y mano por la deuda heredada de las gestiones
anteriores. El Plan Nacional de Desarrollo propone una inversión pública de 2%
del Producto Interno Bruto (PIB), pero alcanzar esa suma es un reto formidable para
un Gobierno que tiene una deuda de 10 billones 758 mil millones de pesos (la
deuda interna es 6 billones 909 mil millones de pesos y la externa es de 197 mil
millones de dólares). El Gobierno debe pagar 700 mil millones de pesos anuales
por las tasas de intereses que esta genera (Galván Ochoa, 2019). Esto explica
por qué el Gobierno no quiere aumentar la deuda ni puede aceptar la
recomendación de Carlos Slim, empresario aliado de Amlo, quien propone se
invierta 5% del PIB cada año (70 millones de dólares). Desde la perspectiva de
Slim se pierde la oportunidad de tomar dinero prestado en el extranjero, donde
las tasas están sumamente bajas. La deuda es el talón de Aquiles del Gobierno y
esta no le permite aplicar una política keynesiana de inversiones públicas que
puedan incentivar el crecimiento económico. Esto requiere de una reforma fiscal
profunda que aumente los impuestos a los más ricos, pero el Gobierno no quiere
entorpecer sus relaciones con los empresarios y la propone para le segunda
parte del sexenio. Por esto, precisamente, el Gobierno no cuestiona la
legalidad de una deuda contraída por gestiones corruptas que hicieron
negociaciones no muy santas. Se podría decir que este es uno de los puntos
débiles de la gestión de Amlo.
Las reformas
constitucionales
El rescate
del Estado desarrollista va acompañado de una serie de reformas constitucionales
que potencialmente aseguran su consolidación. Entre estas se encuentran la ley laboral
que garantiza el voto libre y secreto en los sindicatos, ley educativa que
cancela la reforma neoliberal, ley de salud para proveer atención médica y
medicamentos, ley de extinción de dominio para poder luchar contra el narcotráfico.
El fraude electoral y la corrupción son hoy delitos graves. El Congreso ha
aprobado la revocación del mandato presidencial y el presidente podrá ser juzgado
como cualquiera otro ciudadano. Más aún, se ha enviado al Congreso una reforma
para garantizar el derecho de manera permanente pensión a adultos mayores y
personas con discapacidad y becas a estudiantes pobres en todos los niveles de
escolaridad. En conjunto, estas reformas sientan las bases para Estado
desarrollista y crean, en teoría, un Estado social que había sido debilitado.
Pese a estos logros, no se puede concluir sin mencionar que
los retos por delante son enormes. Todavía no se ha podido dar un informe
satisfactorio sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ni se
ha podido detener el aumento de los asesinatos dolosos causados por la delincuencia
organizada que, según la SSPC, al final de diciembre, llegaron a 28,649. Tampoco
se ha podido dar cuenta sobre las afectaciones causadas por la construcción de
la termoeléctrica de Huesca, Morelos durante la gestión de Peña Nieto. Este
tema es espinoso pues se invirtió alrededor de 8,000 millones de dólares en la
construcción de dicha planta. Allí se hizo una consulta popular y el resultado
fue positivo según el Gobierno, pero parece que aún no se resuelven las demandas
de los quejosos entorno al uso del agua para la planta ni el peligro que
representa su construcción en una zona sísmica. Además, el fallido operativo de
Culiacán, Sinaloa, el 17 octubre de 2019, para detener a Ovidio Guzmán López,
hijo del Chapo, puso en tela de juicio la capacidad de las fuerzas castrenses
para luchar contra los narcotraficantes.
Sin embargo, parece que
detener el operativo fue la mejor opción pues se salvaron vidas.
Por otro lado, Morena enfrenta desafíos significativos, pero
ha dado la batalla en el Congreso para avanzar una apretada agenda legislativa
que ha ayudado al poder Ejecutivo a hacer reformas fundamentales. Sin embargo,
este partido parece estar sumido en lucha de facciones politicas que han impedido
la realización de un congreso extraordinario para elegir a sus dirigentes.
Entre estas corrientes sobresalen una encabezada por Yeidckol Polevnsky, exSenadora
de la República y excandidata a gobernadora del Estado de México, quien preside
el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y Bertha Luján quien fue
Secretaria General de Morena (2012-2015), y actualmente encabeza el Consejo
Nacional. Estas dos dirigentes habían acordado celebrar un congreso
extraordinario el 30 de noviembre de 2019, pero este no se pudo realizar porque
el padrón de miembros no estaba actualizado, éste solo incluía aquellos que se
afiliaron antes de noviembre de 2017 y excluía a todos aquellos que llegaron al
partido en fechas posteriores. En todo caso, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la convocatoria al congreso porque el
padrón de militantes no era confiable. El Tribunal ordenó que Morena integrara
un nuevo listado para incluir a todos aquellos que solicitaron su afiliación 30
días antes del inicio del proceso. Esta intervención añadió más problemas al
partido pues tanto durante la campaña electoral de julio de 2018 como posteriormente
se “afilió” a Morena una enorme cantidad de personas cuyos intereses políticos
e ideológicos cambiaron su perfil. Uno de estos problemas es que Bertha Lujan
se autoproclama como “defensora” de los miembros “puros” que se afiliaron antes
de 2017 y se quiere dar la impresión que Polevsky “representa” a los “impuros”
que se afiliaron en fecha posterior. Como consecuencia, no se puede establecer
con precisión que en la actualidad Morena sea un partido “humanista,
progresista y nacionalista,” como lo definieron sus dirigentes fundadores, sino
una formación plural que incorpora todas las tendencias políticas.
Tanto
Yeidckol Polevnsky como Bertha Luján reivindican una trayectoria de lucha en
Morena y ser fieles seguidoras de Amlo, pero parece que el crecimiento
cuantitativo de Morena y los intereses de grandes figuras políticas que
llegaron al partido procendente del PRI y del PRD pueden reducir cualquier
intento de radicalizar a Moderna. Entre estas personalidades se encuentran:
Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012) y actual
Secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaun, exjefa de la Alcandía
de Tlalpan (2015-2017) y, en este momento, Jefa de Gobierno de la CDMX y el
influyente exgobernador de Zacatecas (1998-2004), Ricardo Monreal, y ahora coordinador
de los senadores de Morena en el Congreso. Estas tres figuras parece que tienen
aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2024 y, como tal, procuran que
Morena adquiera cierta autonomía en relación al presidente de la República,
pero esto aún no se logra. Sin embargo, dada sus trayectorias y sus posiciones
políticas actuales, estas figuras son menos radicales que Amlo y se parecen más
al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo proyecto político es
igualmente moderado. De modo que, dadas estas perspectivas, parece que el
proceso de cambio mexicano no se moverá hacia una izquierda radical y que pueda
convertirse en una especie de faro progresista en la región.
Sin embargo,
por ahora, el gran reto de Morena es celebrar su congreso y prepararse para las
elecciones de medio término en 2021. Si estos
problemas no se resuelven a la brevedad, se afectaría a los proyectos del
Gobierno pues, sin control del Congreso, no se podrá seguir legislando para
profundizar las reformas constitucionales del nuevo régimen.
Conclusión
Dada la adversidad del contexto regional e internacional
actual, la gestión de Amo ha logrado avances significativos en la realización
de las promesas que hizo durante su campaña electoral. El inicio de la
construcción del aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas, el rescate
de Pemex y la CFA, el inicio de la construcción del Tren Maya y los programas
sociales, dan inicio a la restauración del Estado desarrollista como entidad
rectora en la sociedad. Asimismo, el Gobierno empezó una lucha frontal contra
la corrupción permitiéndole hacer grandes ahorros que se utilizan para
financiar los nuevos programas sociales que le dan legitimidad ante la mirada
de la ciudadanía. Las enmiendas a la Constitución en su conjunto constituyen
una reforma constitucional que ayuda a sentar las bases para un Estado de
derecho. Sin embargo, los retos son extraordinarios: la lucha contra el narcotráfico
y la violencia que éste genera sigue como materia pendiente, la migración
centroamericana, la conformación de la GN, los problemas internos de Morena y
las relaciones problematicas con Estados Unidos y la aprobación del T-MEC son
desafíos formidables.
Por ahora, luce que el éxito relativo de la gestión de Amlo
no ha sido bien aprovechado por las facciones políticas que se disputan la
dirección de Morena. Estas corrientes no se distinguen de la posición de Amlo,
la cual es mucho menos radical que las que observamos en los Gobiernos
progresistas de Hugo Chávez (Venezuela) Rafael Correas (Ecuador) y Evo Morales.
Por oposición a estos Gobiernos, que nacionalizaron empresas extranjeras y
renegociaron contratos poco ventajosos, Amlo se ha limitado renegociar los
gaseoductos y ha prometido no cuestionar los contratos contraídos por las
gestiones anteriores, aun cuando estos sean lesivos a los intereses nacionales.
En resumen, su gestión consiste de un enfoque moderado para cuestionar el
neoliberalismo y propone un modelo de “capitalismo con rostro humano” que atienda
las necesidades básicas de la población en materia de seguridad, salud,
educación y empleo, pero nunca cuestionar las bases del capitalismo.
Bibliografía
Fazio, Carlos
2019 “El Tren Maya: la consulta y el despojo,” La Jornada, recuperada de https://www.lajornada.unam.mx,16 de diciembre.
Galván Ochoa, Enrique
Gobierno de México.
2019 Discurso integro de Amlo
en el Zócalo, recuperado el 1 de diciembre https://www.animalpolitico.com/2019/07/amlo-discurso-completo-zocalo-informe/
---.19 Plan Nacional de
Desarrollo, 2019-2014. Recuperado el 18 de noviembre de 2019 de https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
---.2019 Conferencia matutina de Amlo. Recuperadas en las siguientes
fechas: 23 de abril, 22 de mayo, 27 de agosto, 6 de septiembre, 9 de
septiembre, 4 de noviembre, 26 de noviembre, 16 y 26 de diciembre en https://www.conferencia+de+prensa+de+amlo+23+de+abril+de+2019+en+youtube&rlz=1C1G
Jornada
2019 “El gobierno descalifica
críticas de la ONU-DH a consulta Tren Maya,” La Jornada, recuperada de https://www.lajornada.unam.mx, 24 de
diciembre.
Langner, Ana
2019 “Consulta por Tren Maya no cumple estándares internacionales: ONU”
La Jornada, recuperada en https://lajornada.unam.mx, 19 de diciembre.
López Obrador, Andrés Manuel
2019 Hacia una economía moral.
México, Editorial Planeta.
OCDE
2019 Estudios económicos de la OCDE México. OECD Publishing, Paris.
Pérez, Ana Lilia
2011. El cartel negro. Como el
crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Grijalbo, México.
---. 2019 Pemex rip. Vida y
asesinato de la principal empresa mexicana. Grijalbo, México.
No comments:
Post a Comment