Por Alberto Espejel Espinoza
El objetivo de la reflexión es brindar un panorama general sobre la situación que guarda la población carcelaria frente al COVID-19 en México. Primero se discute la situación carcelaria, resaltando los problemas en su interior. En segundo lugar, se muestra la relación entre COVID-19 y penales en el caso mexicano.
Situación carcelaria en México
En México, la población penitenciaria es un sector estigmatizado, que vive en condiciones indignas ante el olvido de los gobiernos estatales y federal durante varios sexenios (Documenta, 2016). Vale la pena resaltar que México es una sociedad de las más violentas e inseguras de la región. El 2019 fue el año más violento de la historia reciente (CNN Español, 2020).
En ese mismo sentido, el aumento de la violencia responde a una estrategia de seguridad mal implementada (de parte de los tres niveles de gobierno, desde hace al menos dos sexenios), así como sustentada en la mano dura, lo cual ha detonado en problemas de sobrepoblación y hacinamiento, deterioro de los servicios, ingobernabilidad, así como vulnerabilidad de los derechos humanos (México Evalúa, 2013).
COVID y penales
El riesgo de contagio, derivado de no seguir los protocolos básicos en las visitas a las personas privadas de su libertad y/o el mal manejo de los servicios de custodia y seguridad, lavandería y comida en los penales, se ha registrado en varias latitudes latinoamericanas.
En varios penales donde el COVID-19 se ha manifestado, los motines y fugas no se hicieron esperar. En Venezuela, a inicios de mayo, se contabilizaron 47 muertos y 75 heridos por un motín derivado de la restricción de visitas como medida sanitaria. En Brasil, a mediados de marzo, se presentó la fuga de 1,400 reclusos en protesta por la restricción de pre-liberaciones. En Perú, nueve internos perdieron la vida en un motín a finales de abril. En Colombia, luego de diversos motines, las autoridades aprobaron la pre-liberación de presos con 40% de pena cumplida, adultos mayores y/o con enfermedades de alto riesgo o discapacidad. (Londoño, Andreoni y Casado, 2020).
Es evidente que el COVID-19 ha puesto en jaque al sector penitenciario dadas las incapacidades que lo caracterizan en términos de infraestructura y respeto a los derechos humanos. No obstante, debemos poner especial atención a cada caso, pues existen penales con mayor posibilidad de sortear al COVID-19 que otros.
En México, el pasado 15 de abril, las autoridades sanitarias reconocieron la detección de dos brotes en penales de Yucatán y del Estado de México. El 28 de abril se dio a conocer el fallecimiento del primer recluso a causa del COVID-19, en el Reclusorio (estatal) Norte de la Ciudad de México (Fuentes, 2020). Mientras que el 29 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la existencia de 27 internos con COVID en penales de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Yucatán (El Heraldo de México, 2020a). En adición, el 10 de mayo se suscitó el fallecimiento de otro preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Puente Grande, Jalisco, lo cual evidenció que la problemática no solo se presenta en penales estatales, sino también de los CEFERESOS. Por ello, no extraña que para mayo las cifras hayan aumentado, solo en los cuatro penales de Jalisco (tres estatales y un CEFERESO) se han contabilizado 74 personas portadoras de COVID-19 (Partida, 2020).A manera de cierre
Por consiguiente, las (in)capacidades en torno a sobrepoblación y hacinamiento, las malas condiciones de la infraestructura e higiene en áreas médicas y dormitorios y la falta de atención a internos con requerimientos específicos, como personas adultas mayores, sin duda, representan un grave riesgo que debe tomarse con seriedad en la actual coyuntura.
La actual contingencia ha mostrado la fragilidad de las instituciones penitenciarias para hacer frente al COVID-19. En ese orden de ideas, la eficacia de las respuestas implementadas para asegurar la atención médica de la población penitenciaria está por verse.
Bibliografía
CNDH (2019). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
CNN Español. (2020, 21 de enero). Es oficial: 2019 ha sido el año más violento en México. CNN Español. https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/21/es-oficial-2019-ha-sido-el-ano-mas-violento-en-me xico/
Documenta. (2016). Privatización del sistema penitenciario en México. México: Documenta.
Fuentes D. (2020, 28 de abril). Muere interno del Reclusorio Norte por coronavirus. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-muere-interno-del-reclusorio-norte-por-covid-19
Londoño, E., Andreoni, M. y L. Casado. (2020, 28 de abril). El coronavirus ataca las cárceles y cientos de miles de presos son liberados. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2020/04/28/espanol/america-latina/carceles-coronavirus-contagio.html
México Evalúa (2013). La cárcel en México: ¿Para qué? México: México Evalúa.
Partida, J. (2020, 10 de mayo). Reportan primera muerte por COVID-19 en cárceles de Jalisco. La jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/10/reportan-septima-muerte-por-covid-19-en-carceles-de-jalisco-6487.html
Anexo
Tabla 1. Aspectos a tomar en cuenta frente al COVID, según la entidad y sus capacidades institucionales*
| Ciudad de México: 13 penales.
Calificación global: 7.52 | Estado de México, 12 penales.
Calificación global: 6.21 | Jalisco. 9 penales.
Calificación global: 7.11 | Sinaloa, 4 penales.
Calificación global: 6.05 | Yucatán, 4 penales.
Calificación final: 7.18 |
Aspectos que garantizan la integridad personal del interno (sobrepoblación y hacinamiento) |
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Aspectos que garantizan una estancia digna |
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Atención a internos con requerimientos específicos |
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* Los colores refieren la siguiente evaluación: rojo, menor a 6; amarillo, entre 6 y 7.9; verde, de 8 a 10. Fuente: Elaboración propia con base en CNDH (2019).
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